Abogan por que el nuevo PGOU cambie el modelo económico de la ciudad

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que se está elaborando actualmente, “debería pensar también en cambiar el modelo económico” de la ciudad porque en la actualidad “sólo hay tres sectores en los que se pueda trabajar: el inmobiliario, el de la construcción y el turístico”.

Así de contundente se ha manifestado el ingeniero de caminos Luis Cepedano al respecto de los objetivos del nuevo planeamiento de la localidad marbellí. El que también es fundador de CAI Consultores ha alertado de que el modelo económico basado en el sector inmobiliario “se termina, porque no hay más suelo” además de que “va a haber muchas limitaciones en un futuro a corto plazo con los usos”.

El Plan “debe pensar en el futuro y no puede de manera alguna estar condicionado por el pasado” (en alusión a la normalización de las viviendas irregulares). El PGOU, ha explicado Cepedano, debe enfocarse hacia los residentes en Marbella entendiendo a éstos como los que pasan largas temporadas en la ciudad, “no sólo los residentes permanentes”. En este sentido, ha abogado por que el Plan “piense en mejorar las infraestructuras” de Marbella, empezando por “las viviendas protegidas”. Además, ha denunciado que haya un saneamiento que discurre por zona de dominio marítimo-terrestre “cuando no debería hacerlo”.

Asimismo, Cepedano ha indicado que es “más importante” apostar por liberar las autopistas de la Costa del Sol de los peajes que “el corredor ferroviario”. En el mismo sentido, en cuanto a la movilidad, ha considerado que la avenida Ricardo Soriano “debería tener un carril en cada sentido” y “debería haber dos aparcamientos disuasorios en cada entrada de la ciudad y estar conectados con un transporte público constante entre esos puntos”.

Se ha referido también a los “dos grandes problemas que tiene el agua” en Marbella y la Costa del Sol. De un lado, ha asegurado que el embalse de La Concepción “es insuficiente”, pero la solución no debería ser hacer una segunda presa por debajo de la actual -tal y como se ha barajado- porque “aunque los niveles de seguridad actuales son muy buenos, hay mucha población que vive al lado”. En cambio “se podría hacer una presa de almacenamiento en el Guadalmedina y comunicarla por conducciones a toda la Costa del Sol”. El otro problema es que las tuberías de conducción “están obsoletas”; las hay que tienen más de 50 años.

La influencia de la LISTA en el PGOU de Marbella

La paralización en la tramitación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), “que supone que en lugar de estar aprobada en octubre de 2021 lo esté en marzo de 2022” conlleva, ha advertido Cepedano, que la aprobación inicial del PGOU marbellí “no podrá ser antes de diciembre de 2022”. A eso habría que añadir “la complejidad de tramitar en paralelo el documento urbanístico y el medioambiental”, con lo que a su juicio, el PGOU “nunca se aprobará antes de cinco o seis años”. Sin embargo, el jefe de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía, Antonio Becerra, que también ha participado de la jornada organizada por FYDU, ha matizado que el PGOU de Marbella se empezó a elaborar conforme a la LOUA -de hecho, el avance se aprueba apoyándose en ella- “y ahora -después de lo ocurrido con la LISTA- sigue haciéndolo, mirando de reojo a lo que ocurra con la LISTA”, con lo que la situación de la nueva normativa autonómica “no debiera interferir en la tramitación” del planeamiento de Marbella. A este respecto ha añadido que el momento clave es la aprobación inicial; “si se hace con la LOUA, tendrán que seguir la tramitación con ella”.

Becerra ha abordado las novedades que contempla la LISTA, aunque su aprobación esté actualmente paralizada, y cómo cambiarán algunos conceptos en el nuevo ordenamiento respecto a la LOUA y al Texto Refundido del Suelo de 2015. Por su parte, la arquitecta de CAI Consultores, Carmen Torralba, ha repasado el estado en que se encuentra la Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU, cuyo documento de alcance se ha emitido con fecha 19 de mayo de 2021, tras una elaboración de ocho meses.

Inseguridad jurídica

El organizador de la jornada y presidente de FYDU, Alejandro Criado, ha abordado lo concerniente a la inseguridad jurídica derivada de la urbanística. Ha explicado que la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015 regula “muy bien” el principio de seguridad jurídica “teniendo en cuenta que esas leyes se aprobaron cuando la prima de riesgo estaba por las nubes y los bancos que prestaban dinero a España necesitaban garantías de una evolución medio seria”. Esa Ley trató de disminuir la “fragmentación normativa que tenemos en España”.

Criado ha comparado la seguridad jurídica que hay “cuando una empresa compra un suelo y sabe que no va a haber un cambio radical en las condiciones urbanísticas”, con la inexistente en los casos de “suelos que estaban sin desarrollar y pasan a ser no urbanizables”, como ha ocurrido en Andalucía con el Plan de Protección del Corredor del Litoral. Son cambios normativos “bruscos” sin compensación alguna.

El elemento fundamental de la inseguridad jurídica en España es la “dispersión normativa” derivada del, en palabras de Criado, “desastroso modelo de poder legislativo” del país. La potestad legislativa que pueda tener Región de Murcia o Cantabria, por ejemplo, “es mucho mayor que la de un lander tan importante como el de Baviera o un estado norteamericano como California”. Eso genera que haya “unas 200.000 normas diferentes en España, de las que unas 200 son de ámbito urbanístico”, lo que ha calificado de “auténtica locura”.

La falta de colaboración entre administraciones públicas “es otro problema que contribuye a la inseguridad jurídica”. El letrado experto en urbanismo ha abogado por establecer órganos de consulta en las autonomías para los municipios, “como propugna José María Morente”. Asimismo, “se deben establecer planes más sencillos para localidades pequeñas” para que no ocurra como con Macharaviaya, “que tardó 19 años en aprobar su Plan”.