Tras un primer intento fallido propiciado por la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), autorizó anoche una nueva petición del Gobierno autonómico para exigir el pasaporte COVID que permitirá el acceso a centros sociosanitarios y visitar a pacientes ingresados en hospitales.

El movimiento ciudadano antideslinde “Ni un metro de Marbella para otra población” que lleva ganados todos los procedimientos y recursos interpuestos por el Equipo de Gobierno del Partido Popular en Marbella, anteriormente también con Opción Sampedreña en el asunto de “las lindes”, ha informado esta mañana sobre el nuevo y último golpe judicial que el Tribunal Supremo ha propinado a estas formaciones políticas, en su empeño de regalar a Benahavís 196.000 metros cuadrados de terreno situado al norte de San Pedro Alcántara.

Desde el pasado 27 de julio de 2018, muchas han sido las vicisitudes por las que ha tenido que pasar la pretendida adaptación a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 1986, tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de la norma publicada en el año 2010, aprobada en esa fecha con los votos favorables del Partido Popular, el Partido Socialista y, en contra, del por entonces edil socialista Juan Luis Mena, y el concejal de Izquierda Unida, Enrique Monterroso.